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Goes, Unesco y Apes buscan promover la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad

En un esfuerzo por encontrar los mecanismos y políticas de estado que garanticen la protección de periodistas que son víctimas de todo tipo de violencia, que en muchos casos culmina con la muerte, el ministerio de seguridad, la Unesco y la asociación de periodistas presentaron el Plan nacional estratégico para la protección de periodistas y lucha contra la impunidad.

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Según la información de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación en el 2014 y 2015, 213 periodistas fueron asesinados. El 59% de los crímenes ocurrieron en países en los que hubo conflictos armados.

El informe 2016 sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad también señala que 827 periodistas fueron asesinados entre el 2006 y el 2015. El 94% de los profesionales que fallecieron fueron hombres y el 6% mujeres. De acuerdo con el subdirector de la UNESCO para el área de comunicaciones, en los últimos años se han incrementado los hechos de violencia hacia las mujeres.

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De acuerdo con las autoridades, en el 2018 se iniciará con la implementación del Plan Nacional Estratégico para la Protección de Periodistas y Lucha contra la Impunidad. El viceministro de seguridad, aseguró que mientras no se ejecute el Plan y no se hayan establecidos nuevas políticas, se tomarán medidas de protección para cualquier profesional que sea amenazado.

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Argumentan que la necesidad de proteger la vida y derechos de los periodistas también se relaciona con las garantías laborales… Por todas las razones, los funcionarios coinciden en que proteger a los periodistas es garantizar la democracia.

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El informe de la Unesco precisa que de los 827 asesinatos, 176 se registraron en la región de América Latina y el Caribe. De los 176 homicidios únicamente 20 fueron resueltos 144 en proceso o sin resolver y 12 no tienen ningún tipo de investigación abierta. Es importante mencionar que el Gobierno salvadoreños ha puesto a disposición su institucionalidad para que aquellos que sean amenazados interpongan sus denuncias para ser protegidos por el Estado.

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